El año 2024 ha representado un momento clave en el desarrollo del Estado autonómico español, marcado por una intensa polarización política que ha permeado las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA), obstaculizando tanto las reformas necesarias como el funcionamiento regular de las instituciones. A continuación, se presenta un resumen de los principales asuntos abordados en la Valoración general del Informe Comunidades Autónomas de 2024 elaborado por los profesores Javier García Roca, Ana Carmona y Eduard Roig Molés.
1. Polarización política y modelo territorial
La política estatal ha proyectado su tensión sobre el sistema autonómico, alimentando la inestabilidad y paralizando iniciativas clave. Pese al inicio de una nueva legislatura, la falta de presupuestos y la debilidad de las mayorías parlamentarias han hecho que 2024 se haya vivido más en clave electoral que institucional.
En este contexto, destaca el viraje en Cataluña, donde la victoria del PSC y la formación de un gobierno no independentista han supuesto un paso hacia la superación del procés. Sin embargo, el apoyo parlamentario del Gobierno estatal depende de fuerzas independentistas, lo que reintroduce el conflicto en el Congreso y bloquea el consenso territorial.
Además, el efecto contagio de la confrontación política nacional se ha hecho sentir incluso en Comunidades con mayorías absolutas o estables, como Madrid y Castilla-La Mancha, intensificando la deslegitimación institucional entre niveles de gobierno. La traslación de los conflictos partidistas a los espacios intergubernamentales ha erosionado su capacidad operativa, dificultando la toma de decisiones compartidas y reactivando tensiones identitarias, especialmente a raíz de las exigencias de financiación singular para Cataluña.
2. Elecciones europeas y autonómicas: continuidad y cambio
El ciclo electoral de 2024 fue limitado pero relevante. Las elecciones al Parlamento Europeo confirmaron el estancamiento del escenario nacional, mientras que las autonómicas mostraron resultados diversos. Galicia y el País Vasco optaron por la continuidad, reforzando gobiernos estables. Cataluña, por su parte, vivió un cambio de ciclo con la victoria socialista. No obstante, la gobernabilidad sigue siendo precaria, reflejo de un mapa político fragmentado.
Este panorama electoral revela una creciente desconexión entre la agenda estatal y las prioridades políticas en las Comunidades. En Galicia y el País Vasco, las campañas se centraron en cuestiones autonómicas como vivienda o sanidad, evidenciando una política más pragmática y menos polarizada. En Cataluña, el giro electoral simbolizó un nuevo escenario institucional, aunque las tensiones se mantienen.
3. Economía, presupuestos y financiación autonómica
Los datos macroeconómicos fueron positivos, con un crecimiento del PIB del 3,2 %, superando la media europea. Aun así, el Gobierno central no presentó presupuestos ni para 2024 ni para 2025, amparándose en la prórroga y en medidas urgentes vía decreto-ley. Esta inacción ha generado un debate sobre la obligación de presentar anualmente los presupuestos.
Las Comunidades Autónomas han sufrido las consecuencias, con siete de ellas sin presupuestos para 2025. La reforma del sistema de financiación sigue postergada, mientras se han propuesto mecanismos extraordinarios como la condonación parcial de la deuda autonómica, generando tensiones territoriales y acusaciones de trato desigual.
En contraste con la solidez económica, el sistema institucional ha mostrado signos de rigidez e incapacidad para articular respuestas presupuestarias adaptadas a las nuevas prioridades sociales. La prórroga de los presupuestos impide una planificación estratégica eficaz y debilita la legitimidad del gasto público. La reiterada negativa a abordar la reforma de la financiación autonómica, pese al consenso técnico sobre su urgencia, evidencia la subordinación de las políticas estructurales a los intereses electorales
4. Reformas estatutarias y parlamentarias
En 2024, sólo se concretó una reforma estatutaria: la atribución a Navarra de competencias en materia de tráfico. En paralelo, se mantienen en trámite sin avances las reformas estatutarias de La Rioja y del País Vasco.
Este limitado avance reformista revela una parálisis prolongada en el mejoramiento del modelo autonómico. Las reformas vigentes responden más a la necesidad de corregir situaciones irregulares que a una voluntad política de modernizar el diseño competencial. En el plano parlamentario, la falta de adaptación de los reglamentos a las nuevas dinámicas de fragmentación política contribuye a dificultar el funcionamiento legislativo y el control institucional en las cámaras autonómicas.
En cuanto a los Reglamentos parlamentarios, se registraron cambios menores en varias Comunidades. La excepción es Cataluña, donde se reformó el reglamento para permitir el voto delegado de diputados encausados por el procés, lo que podría volver a ser impugnado ante el Tribunal Constitucional.
5. Jurisprudencia constitucional y conflictos competenciales
La jurisprudencia constitucional de 2024 se caracteriza por su continuidad doctrinal, pero también por decisiones relevantes que suponen cambios en la doctrina constitucional. Entre ellas, destacan las que afectan al ingreso mínimo vital, la ley estatal de vivienda, y la legislación autonómica sobre litoral y ordenación del suelo. En general, el Tribunal ha mantenido una visión restrictiva de las competencias autonómicas cuando estas colisionan con normas estatales.
Pese a la apariencia de estabilidad, ciertas resoluciones introducen cambios interpretativos sustanciales sin una argumentación suficientemente desarrollada, lo que debilita la coherencia del sistema y genera incertidumbre.
En cuanto a la Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2024, se presentaron 16 recursos de inconstitucionalidad, muchos de ellos por parte de instituciones autonómicas. Aunque aún pendiente de sentencia, el TC ha admitido su tramitación, reabriendo el debate sobre los límites del Estado autonómico.
6. La escasa producción legislativa del Estado
El año se cerró con un balance legislativo muy pobre: solo se aprobaron 13 leyes (6 orgánicas y 7 ordinarias), cifra especialmente baja para un año no electoral. La Ley de Amnistía monopolizó el debate parlamentario, y su tramitación se convirtió en la llave de la legislatura.
Este empobrecimiento normativo refleja la fragilidad de la mayoría parlamentaria, pero también una preocupante tendencia hacia la gobernanza por decreto-ley. La falta de impulso legislativo obstaculiza reformas relevantes para la articulación territorial del Estado, y priva a las Comunidades Autónomas de un marco jurídico actualizado para desarrollar sus propias políticas. La gobernabilidad queda así supeditada a acuerdos de investidura inestables y a mecanismos excepcionales que erosionan la deliberación parlamentaria.
A nivel autonómico, algunas leyes aprobadas por el Estado han tenido efectos importantes: leyes básicas sobre cuerpos autonómicos de bomberos y agentes forestales; modificaciones en la LOREG que afectan a las elecciones autonómicas; y el decreto-ley 9/2024 con medidas de apoyo económico y social, cuya no convalidación dio lugar a un segundo decreto aprobado ya en 2025.
7. Relaciones Estado–CCAA
La polarización ha debilitado la cooperación entre niveles de gobierno. Las Conferencias Sectoriales y la Conferencia de Presidentes reflejan la falta de consensos y el uso instrumental de los foros intergubernamentales. El debate sobre la condonación de deuda o la distribución de menores migrantes no acompañados ha sido ejemplo de este deterioro, donde la confrontación política ha reemplazado al diálogo institucional.
En este contexto, los órganos de cooperación han perdido capacidad operativa y legitimadora. La lógica de bloques partidistas ha reemplazado la lógica institucional, generando desconfianza entre gobiernos autonómicos y centrales. Sin una revalorización de estos espacios como instrumentos de coordinación efectiva, el riesgo de fragmentación del sistema se intensifica, así como la pérdida de eficacia en políticas públicas compartidas.
8. Actividad legislativa autonómica
Las Comunidades Autónomas han mantenido su ritmo legislativo, con avances en políticas públicas clave como vivienda, sanidad e inclusión social. No obstante, en muchas de ellas se observa una fuerte dependencia del decreto-ley y una paralización de iniciativas de mayor calado, como reformas estatutarias o presupuestarias.
Esta situación denota una cierta inercia institucional, en la que la gobernabilidad se sostiene gracias a los mecanismos de urgencia y no a consensos programáticos. La fragmentación parlamentaria y la dificultad para formar mayorías estables limitan la capacidad legislativa, mientras los conflictos entre socios de gobierno frenan el impulso reformista. Aun así, la diversidad de dinámicas entre Comunidades demuestra que existen márgenes de innovación y gobernabilidad que deben ser potenciados.
Conclusión
2024 ha sido un año ambivalente para el Estado autonómico. Por un lado, se constata la consolidación institucional de la mayoría de las Comunidades y la recuperación económica; por otro, se agudiza la disfuncionalidad del modelo, atrapado en dinámicas de polarización política, bloqueo legislativo y ausencia de reformas estructurales.